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Reforma Agraria; presente y futuro del campo mexicano

By Katherine Long,2014-03-31 21:21
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Reforma Agraria; presente y futuro del campo mexicano

Reforma Agraria; presente y futuro del campo mexicano

H. Cámara de Diputados LVIII Legislatura

    Comisión de Reforma Agraria

Panel de Discusión y Análisis

    “Reforma Agraria Presente y Futuro del Campo Mexicano”

    Intervención del Sr. Alberto Gómez Flores, Coordinador Ejecutivo del Congreso Agrario Permanente (CAP) y Coordinador Ejecutivo Nacional de la UNORCA.

18 de abril de 2001

    1. Seguridad y certidumbre para nosotros incluye la reforma al Artículo 27 Constitucional y quiero iniciar con la entrega de una propuesta.

    2. Seguridad y certidumbre nos significa otra actitud para la reestructuración de la institucionalidad rural.

    - Otra actitud es la voluntad para permitir y fomentar la plena participación de los distintos actores en esta reestructuración. El Campo a debate.

    3. La Reforma Agraria no ha terminado su tarea; hoy, tiene el reto de reconstruir el tejido social, desde el dotar a los más desprotegidos de derechos ciudadanos íntegros (más allá de lo político-electoral) para hacer del ejercicio de la ciudadanía una realidad política efectiva, como el reconocer a las representaciones de los actores rurales como entidades de interés público con derechos y responsabilidades en las tareas de diseño y conducción de las políticas públicas, refuerzan el nuevo entramado institucional y fortalece la cohesión social. Es necesario, por tanto, dar más poder a la sociedad civil, teniendo como base el ejido y la comunidad.

    4. Pasando por la propia revisión y rediseño de las instituciones agrarias y el marco jurídico agrario.

    - Por establecer mecanismos y respuestas precisas para la ayuda inmediata agraria, presupuesto creciente para esto.

    5. Hasta el transitar de políticas estrictamente sectoriales a políticas crecientemente territorializadas, apropiación territorial como base para el desarrollo regional (propuesta social).

    6. La crisis del campo, está en medio de tres problemas que son los grandes males de este país: la desigualdad, la pobreza y marginación y la exclusión.

    - En el modelo de desarrollo económico impulsado, el campo rural y dentro de éste el sector agropecuario, no ha sido, ni es considerado como un eje estratégico de desarrollo.

    - Las reformas jurídicas, institucionales, económicas y de políticas, cuya finalidad es permitir la intervención del mercado y los agentes privados sin regulaciones estatales.

- Se apuesta a las fuerzas del mercado como directriz y motor.

    - El TLCAN ha provocado la pérdida de la rentabilidad económica y ha vulnerado la frágil planta productiva agropecuaria.

    - Con ese tratado se profundiza la dependencia alimentaria y los campesinos y pequeños productores somos los grandes perdedores, sólo han ganado las grandes corporaciones transnacionales que dominan el mercado de granos, semillas y otros productores agropecuarios y sus derivados.

El Presente. Origen y efectos de la crisis del campo mexicano.

    El campo mexicano ha enfrentado un largo periodo de crisis recurrentes de por lo menos 30 años. La crisis actual del campo mexicano encuentra su origen más reciente en las políticas de ajuste estructural que el país experimento a partir de 1983 y que se revelan en la transformación profunda del modelo de desarrollo económico; los procesos de ajuste y reformas estructurales, determinaron una política económica cuyo objetivo era pasar de una economía protegida y orientada al mercado interno, hacia una economía abierta integrada al mercado globalizado. Las crisis de la economía en 1982 y 1994, con su cauda de devaluación, inflación y endeudamiento profundizaron la crisis agrícola.

    Pero sobre todo en los noventas se profundizó el modelo de liberalización y reforma económica permeando las políticas sectoriales a partir de la apertura económica, la desregulación de los mercados (TLCN), la privatización de empresas del estado, la reducción de la intervención estatal en la economía y el ajuste fiscal. La aplicación de este modelo careció de un proceso de integración productiva y comercial que, en consecuencia, inhibió la maduración de la cultura competitiva entre los pequeños y medianos productores.

    El sector agropecuario ha mostrado ser altamente sensible a los cambios macroeconómicos, en parte debido a los riesgos inherentes que le hacen depender de condiciones climatológicas y naturales; pero sobre todo, debido a las limitaciones estructurales para reconvertir la producción en el corto plazo; a las restricciones de infraestructura y limitaciones del desarrollo agroindustrial y también, debido al control que ejercen los países desarrollados y las empresas trasnacionales sobre la mejora tecnológica, los precios y los mercados internacionales.

    La política agropecuaria para la modernización del campo se ha centrado en el mercado como motor del desarrollo excluyendo casi en su totalidad la regulación o participación estatal. Esta visión considera que la baja contribución del sector en el PIB nacional y la PEA dedicada a la agricultura son variables que pueden funcionar positivamente al alcanzar mayores niveles de desarrollo urbano industrial, subordinado al sector agropecuario.

    Sin embargo, ?Cuáles han sido los resultados de estas políticas?, están a la vista, la participación del PIB agropecuario, respecto del PIB total disminuyó de 7.5% en 1981 a 5.3% en 1999, manteniéndose su tendencia decreciente en los últimos años.

    El ajuste fiscal implico la desaparición o reducción de la mayor parte de los programas estatales de apoyo a la agricultura, acompañado de la drástica disminución de los subsidios. Considérese que para el bienio 1980-81 la tasa de subsidios respecto del PIB agropecuario era del 22% y representaba el 1.8% del PIB global; mientras que para 1987 los subsidios a la agricultura únicamente representaban 0.5% del PIB global.

    La disminución real del gasto público al desarrollo agropecuario, mientras que en 1981 significó el 3.1% del PIB y el 10.6% del gasto programable, en 1999 significó el 0.9% del PIB y el 5.5% del gasto programable, para el presente años 2001 representa solamente el 2% del gasto programable.

    El producto agropecuario per cápita en 1999 fue 16% menor al de 1982. Entre 1982 y 1999 las importaciones de productos agrícolas aumentaron en 332% y las agroalimentarias crecieron en 399%. Las importaciones de alimentos representaron el 16.5% del PIB en 1981, en 1996 el 42% y en 1998 el 43%.

    La caída del crédito al sector agropecuario ha sido severa, siendo la más drástica durante el Gobierno de Zedillo. En 1998 la participación del crédito total financiado significó el 6.8%, mientras que en 1981 fue del 14.5%.

    El empleo permanente en el sector primario ha tenido un comportamiento similar, ha caído de 546 mil personas en 1982 a solo 392 mil en 1999, y no precisamente por cambios en la tecnología o por una mayor absorción del empleo en los sectores secundario o terciario, sino por la drástica caída de la rentabilidad agropecuaria.

    El caso es que 4.9 millones de hogares rurales (24% del total nacional) tienen un ingreso mensual de $479.0, mientras la media nacional es de $921.5.

    Claramente bajo estos resultados los problemas alimentarios se recrudecen, en el país el 16.5% de los niños padecen desnutrición, pero en el sector rural este fenómeno se agudiza, alcanzando al 35% de los niños.

    En conjunto, observamos que la combinación de estos factores impacta de manera diferenciada a los distintos tipos de productores, pero lo que es más importante, ha producido una modernización selectiva en algunos sectores y regiones, basada en el criterio económico que califica a regiones y productores como "viables" y "no viables." Este criterio ha profundizado los desequilibrios productivos y sociales en el sector rural y bajo estas condiciones el resultado ha sido un vacío institucional que acrecienta la exclusión social.

    En resumen, el paradigma neoliberal que nos propone que “lograr el equilibrio macroeconómico y la asignación de los recursos determinados por los mercados; afirmando que si se vive con mercados más libres, estos promueven una mayor eficiencia y ofrecen mejores perspectivas de crecimiento a los países”, ha demostrado sus límites.

    El Futuro. Características deseables del campo en el futuro cercano.

    Las organizaciones campesinas que por décadas hemos luchado por cambiar la situación de desigualdad y de exclusión que ha caracterizado al desarrollo del campo mexicano, no estamos por el cambio para seguir igual o para empeorar, estamos por un cambio incluyente, en el que los campesinos e indígenas podamos construir opciones de prosperidad basadas en la utilización productiva de la tierra, en el desarrollo de alternativas de empleo, educación, vivienda digna y alimentación suficiente para nuestros hijos; aspiramos a que el desarrollo nacional comprenda de manera destacada y prioritaria al desarrollo rural de las regiones, ejidos y comunidades indígenas.

    Consideramos que el éxito del desarrollo nacional al mediano plazo tiene su base en la construcción de la fortaleza interna de los diversos sectores de la economía, en experiencias pasadas hemos visto que sacrificar al sector agropecuario o privilegiar algún sector o grupo económico particular, ha significado hipotecar el desarrollo del conjunto. Por ello, impulsar el mercado interno, el impulso de mercados locales y regionales, eliminando los altos y especulativos costos de transacción rurales, es una decisión central que deberá ser acompañada del desarrollo de capital humano y social en el medio rural.

    Aspiramos a un desarrollo democrático, con libertad de expresión y derecho a

    disentir, con capacidad de participación real en la toma de decisiones cruciales que afectan a la vida y el futuro del ejido y la comunidad indígena; con respeto a la autonomía y al pluralismo político y religioso.

    En suma, aspiramos a un cambio político y económico de la Nación que nos incluya, ésta ha sido la demanda histórica del movimiento campesino desde las luchas de Independencia y de la Revolución y hoy, al inicio del siglo XXI, es nuevamente la demanda más extendida, la más globalizada; la demanda de los marginados que reclamamos a la sociedad nacional e internacional nuestra inclusión en el desarrollo global.

    No obstante, es claro que para que esta demanda prospere se requiere la revisión de las limitaciones de las reformas y ajustes estructurales, porque hasta el momento han carecido de la aplicación de esquemas dirigidos a reducir la desigualdad social y la ausencia de políticas públicas que reconozcan las estrategias diversificadas de los productores rurales, no solo a nivel individual, sino como familias, como comunidades, como organizaciones y como pobladores del espacio rural; estos son poderosos obstáculos a la reorganización económica que podría permitir un desarrollo basado en la multiactividad de la sociedad rural.

    El presente y futuro inmediato del ejido y la comunidad indígena, de los pequeños propietarios rurales y el de amplias franjas de pobladores rurales: mujeres, jóvenes sin tierra, jornaleros, avecindados y los crecientes flujos de migrantes, esta profundamente ligado; se requiere de una política de acción y unidad de la sociedad rural e indígena, que eleve la valoración de su cultura y derechos, que reclame el acceso a la información crucial, que en suma, impulse la propuesta de un mas amplio desarrollo rural, no centrado solamente en la maximización inmediata de la utilidad y en su concentración individual, sino que ponga en movimiento la reorganización económica de la sociedad rural de la manera más extendida e incluyente que sea posible, partiendo de su creatividad y valores culturales.

    Por ello, desde nuestras organizaciones y desde el CAP, en tanto frente nacional de organizaciones campesinas, hemos insistido en que es momento de un Nuevo Trato para el Campo, trato en el sentido de acuerdo o pacto y también de nuevas formas de relación entre todos los agentes rurales: sociales, privados, gubernamentales y no gubernamentales. Este Nuevo Trato al que convocamos a todas las fuerzas sociales del país debe quedar plasmado en un gran Acuerdo Nacional para la Paz, la Consolidación de la Democracia y el Desarrollo Rural, Agropecuario y Forestal Sustentable.

    Por ello, también hemos señalado que el Campo esta a Debate, porque la construcción de un Acuerdo Nacional como el que proponemos no puede imponerse, ni tampoco se puede construir sobre la base de concentrar el privilegio y las oportunidades del desarrollo en el reducido sector de empresarios exportadores; un gran Acuerdo Nacional que, mediante la inclusión de todos los actores rurales, permita la reorganización económica de la sociedad rural tendrá que surgir del debate, la reflexión y el consenso amplio que reconozca e incluya las diferencias productivas, económicas, políticas y culturales.

    Toda vez que el propio Presidente Fox ha reconocido que los mercados no son perfectos para asignar eficientemente recursos y oportunidades y que las asimetrías deben moderarse, se requiere la construcción de un acuerdo colectivo entre el gobierno, los agentes de los mercados y los productores rurales. En este sentido consideramos que el esfuerzo principal debe darse alrededor de una profunda transformación de las instituciones.

    Se requiere que la innovación institucional se traduzca en el acuerdo de normas y

    reglas claras que garanticen la verdadera competencia y el funcionamiento apropiado de los mercados, se requiere redefinir el nuevo papel y el carácter de la intervención estatal, así como, el papel y la mayor participación de la sociedad rural, se trata de hacer posible el despliegue de su iniciativa.

    Es indispensable que la riqueza y diversidad de la sociedad rural se vea reflejada en la estructura y prácticas de las instituciones rurales para que incluyan plenamente sus demandas, sobre todo, de aquellos que han permanecido excluidos. Así, la reforma institucional que requiere el sector rural demanda el acuerdo general acerca de la importancia de la participación de todos los actores rurales en la definición y aplicación de sus objetivos, en la asignación de presupuesto e inversión pública para el desarrollo rural y que dicho Acuerdo se exprese en reformas jurídicas que garanticen su entrada en vigor y generen certeza respecto a la continuidad de las políticas.

    Aprovechamos este foro para hacer un llamado al Presidente Fox, y al poder Legislativo a propósito de la Ley de Desarrollo Rural, ya hemos manifestado nuestro desacuerdo con el veto a la Ley, llamamos su atención porque precisamente el Acuerdo Nacional que proponemos requiere de no postergar más la aplicación del marco jurídico que de certidumbre al desarrollo rural.

    El Nuevo Trato para el Campo involucra también cambios en los procesos políticos y en el equilibrio del poder político, tanto a nivel nacional como en las regiones y municipios. En este sentido, las organizaciones campesinas hemos demandado la descentralización responsable del gobierno, entendida también como la redistribución de poderes, que en el contexto democrático que vive el país, significa reconocer y otorgar poderes a las organizaciones de productores locales, regionales y nacionales, no se trata de una dádiva, se trata de la inclusión, la colaboración y la corresponsabilidad.

    Consideramos que es necesario diferenciar entre descentralización administrativa o fiscal y la descentralización política, porque nos parece que corremos el riesgo de quedarnos solamente con la primera. En este sentido el desarrollo rural al que aspiramos reclama un esquema claro de promoción de las organizaciones sociales de productores en una amplia gama que ya existe como capital social, son las Sociedades de Solidaridad Social, las Sociedades de Producción Rural, las Uniones Regionales de Ejidos y Comunidades; las cajas y fondos comunitarios y regionales de ahorro y crédito y de aseguramiento; las organizaciones para la comercialización y el almacenamiento; la organización de usuarios de distritos de riego; los Consejos Regionales de Desarrollo Sustentable, las organizaciones por cuencas y microcuencas y la amplia gama de organizaciones de las comunidades que puede reducir los costos de transacción y dar fuerza a la conservación y uso sustentable de recursos naturales en su poder.

    Sin embargo, la creación de estas condiciones locales y regionales no es suficiente, se requiere impulsar de entrada nuevos arreglos nacionales que garanticen una visión estratégica en el desarrollo del campo. En este sentido es una demanda de las organizaciones campesinas al Gobierno del Presidente Fox, que los compromisos contenidos en los Acuerdos con los Gobiernos de los Estados, en el marco de la Alianza para el Campo, no solo se trasparenten y se publiquen, sino que desde su formulación incluyan la participación, las demandas y propuestas campesinas de desarrollo rural, esto con el claro objetivo de alcanzar la inclusión política y social de los actores rurales y cimentar la gobernabilidad democrática.

    Las organizaciones demandamos discutir y acordar la asignación de los recursos a partir del presupuesto nacional, que no deberá ser inferior al 12% del gasto programable; acordar cuánto del presupuesto de desarrollo rural va a las regiones.

    Es el reclamo de justicia y equidad en el destino de fondos públicos. No coincidimos en que las políticas diferenciadas oscilen entre la verdadera promoción económica y productiva de la agricultura comercial y el apoyo asistencial a la agricultura campesina y a las regiones marginadas y de extrema pobreza.

    Dentro de nuestras demandas destacamos la reforma al artículo 27 Constitucional en materia agraria, para establecer que la propiedad ejidal sea declarada patrimonio familiar y por lo tanto no pueda ser embargable. Asimismo, para suprimir la posibilidad de que las sociedades mercantiles sean dueñas de predios rústicos, lo que implica contener posibles tendencias a la reconcentración de la tierra en pocas manos.

    Otras dos demandas de las organizaciones campesinas tienen que ver, primero con la renegociación de los Acuerdos Comerciales con América del Norte (TLCAN) y con la Unión Europea (TLCUE) en materia agropecuaria y forestal, para promover un desarrollo compartido y solidario, que fortalezca a los pequeños productores rurales e introduzca los temas de los trabajadores migrantes y los de carácter ambiental.

    Segundo, es indispensable establecer los instrumentos legislativos e institucionales necesarios para proteger la Biodiversidad y los derechos de los campesinos y los pueblos indios sobre sus recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado, así como combatir las acciones monopólicas que cinco empresas transnacionales (Novartis, Dupont, Monsanto, Pulsar y Aventis) están realizando a través de la integración de una Asociación Civil para la explotación desordenada y la piratería de nuestra biodiverdidad y recursos genéticos.

    Frente a la Reforma Fiscal propuesta por el Poder Ejecutivo nos sumamos a la oposición que diversos y numerosos sectores y grupos de opinión han expresado, para los pequeños productores rurales representa el mayor grado de insensibilidad de que ha hecho gala el Secretario de Hacienda, significa la continuación de medidas que trasladan los costos a las clases más desfavorecidas y escamotean los beneficios.

    Consideramos que antes de plantearse aumentar el IVA en alimentos, medicinas y libros y desgravar artículos suntuarios como la joyería o el alcohol y los cigarros, hay que demostrar, en el acuerdo y la inclusión, un uso más eficiente del gasto; demandamos que se realicen mayores medidas de austeridad en el gasto operativo del gobierno, concretamente el millonario gasto en que incurre todos los días para promover por todos los medios de comunicación la iniciativa fiscal; esperamos que como lo planteo en su campaña el presidente Fox, primero se hagan esfuerzos para ampliar la captación de impuestos y la base gravable.

    Los campesinos hemos dado muestra histórica de contribución al desarrollo nacional y estoy seguro que la seguiremos dando, pero se trata de que todos apostemos para robustecer el gasto público, principalmente los que más se han beneficiado.

    Son tiempos de debate, de construcción de consenso; tiempos de transformaciones para redistribuir el ingreso, combatir la pobreza y miseria y tiempos de inclusión.

    El tema agrario, sus rezagos y atención, la revisión y reforma de las instituciones, el marco jurídico agrario y la definición de políticas agrarias, están a discusión. Están pues, en la mesa.

    Creemos en el poder legislativo, en sus Diputados y Diputadas, en su capacidad.

    Valores sobremanera la decisión de la Comisión de Reforma Agraria, su Mesa

    Directiva y su Presidente por la apertura de este espacio para un intercambio de opiniones, de muchos más confiamos; ojalá el poder ejecutivo entienda esta actitud, la construcción de entendimientos comunes es democracia y futuro.

    Es para nosotros un honor, en el marco del 82 Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata, clausurar el Panel de Discusión y Análisis Reforma Agraria, Presente y Futuro del Campo en México, siendo 16 Horas del 18 de abril del 2001.

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